Reparto de Utilidades: Esto es lo que dicta la Ley Federal del Trabajo

El reparto de utilidades es un derecho laboral fundamental en México, regulado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), que garantiza que los trabajadores participen en las ganancias obtenidas por las empresas durante el año fiscal anterior. 

Este beneficio debe entregarse antes de concluir el primer semestre del año. Para 2025, las fechas límite son el 30 de mayo para empresas (personas morales) y el 29 de junio para patrones individuales (personas físicas), según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Uno de los aspectos que más interés genera entre los empleados es cuánto pueden recibir como pago mínimo o máximo. 

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No obstante, no existe una cantidad fija, ya que el monto depende directamente de las ganancias netas declaradas por el empleador ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tras la presentación de la Declaración Anual.

El porcentaje destinado a este beneficio es establecido por la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, y actualmente se encuentra fijado en el 10% de las ganancias netas anuales. Este monto se divide en dos partes:

1. Primera mitad: se distribuye de forma equitativa entre todos los trabajadores, según los días trabajados durante el año.
   
2. Segunda mitad: se reparte proporcionalmente con base en los salarios de cada trabajador, beneficiando más a quienes perciben mayores ingresos.
   

La base legal de este derecho se encuentra en el Artículo 123 de la LFT, el cual busca reconocer el esfuerzo de los trabajadores y promover una distribución más justa de la riqueza generada por las empresas.

Sin embargo, no todos los empleadores están obligados a realizar este pago. Quedan exentas las empresas de reciente creación (durante su primer año), las dedicadas a actividades sociales o de beneficencia, y aquellas con ingresos inferiores al límite establecido por ley. También se exceptúan ciertas entidades públicas descentralizadas.

El cumplimiento de las fechas establecidas es obligatorio. De no respetarse, los empleadores pueden enfrentar sanciones legales. Por ello, tanto trabajadores como patrones deben estar atentos a los plazos y disposiciones para evitar conflictos y garantizar el ejercicio de este derecho.

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